PGS en apoyo de Jorge Richmann

Cuando defender la Tierra se convierte en delito

La criminalización de la conciencia ecológica

Pedro Pozas Terrados

Hay algo profundamente enfermo en una democracia cuando quienes alzan la voz para proteger la vida son llevados ante los tribunales, mientras quienes destruyen el futuro continúan impunes, blindados por leyes injustas, indultos selectivos y silencios cómplices.

El próximo 17 de marzo de 2026, Jorge Riechmann, profesor de filosofía, científico, poeta y autor de una extensa obra dedicada a la justicia social y ecológica, se enfrentará a su primer juicio penal junto a otros dos compañeros. No por violencia. No por corrupción. No por abuso de poder. Sino por defender la vida, por exigir medidas frente a la crisis climática, por ejercer —de forma no violenta— el derecho y el deber de proteger nuestra Tierra.

Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2019, cuando cerca de trescientas personas, integrantes de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain, realizaron una acción de desobediencia civil pacífica junto a Nuevos Ministerios, en Madrid. El objetivo era claro: interpelar a un poder político paralizado, denunciar la inacción climática y exigir responsabilidades ante una emergencia científica incuestionable.

El resultado fue revelador del estado real de nuestras libertades: 180 personas identificadas, varias detenidas, y hoy, años después, procesos penales que resurgen como una espada de Damocles sobre quienes no se resignaron al silencio.

Resulta incomprensible —y profundamente indignante— que en un país que se autodefine como democrático y progresista, siga plenamente  normas diseñadas para recortar libertades, criminalizar la protesta y amedrentar a la ciudadanía organizada, con un código penal y una legislación endurecida contra la protesta ciudadana perjudicando los derechos de los ciudadanos. El mensaje es claro: protestar molesta, pensar incomoda, defender la Tierra estorba.

Cuando en unos lugares se asesina el cuerpo, y en otros la palabra

En América Latina —y en muchas otras regiones del mundo— se asesina a quienes defienden la tierra, los ríos y los bosques. Los nombres de activistas asesinados se acumulan en informes internacionales que apenas ocupan titulares.

En España, afortunadamente, no se suele matar el cuerpo. Pero se asesina la palabra. Y se hace mediante demandas, juicios, sanciones, procesos penales interminables, desgaste psicológico y económico. Se persigue hasta que la voz se apaga por cansancio, miedo o ruina. Es una violencia más sofisticada, más “legal”, pero no menos real. El resultado es el mismo: silencio, autocensura, desmovilización. Un ejemplo fue la demanda interpuesta por el Zoo de Madrid contra el Proyecto Gran Simio por denunciar públicamente y ante las autoridades con argumentos, que los delfines eran utilizados en el espectáculo circense estando con heridas visibles. Afortunadamente la justicia tras un largo proceso judicial que llegó al Supremo, desestimó la demanda condenando al Zoo de Madrid a pagar los gastos de los tres juicios realizados tras recurrir y perder en las distintas estancias del poder judicial. Proyecto Gran Simio pudo resistir, pero otros no han podido.

Jorge Riechmann como hemos visto, no es un caso aislado. Es un símbolo. El símbolo de una sociedad que castiga a quienes alertan del abismo mientras protege a quienes lo profundizan. El ejemplo de cómo los defensores de la paz, del medio ambiente, de los seres sintientes y de la justicia intergeneracional son tratados como un problema de orden público.

Mientras tanto, corruptos confesos son indultados, delitos económicos se diluyen, responsabilidades políticas se evaporan y las puertas giratorias siguen funcionando con total normalidad. Esta doble vara de medir es una vergüenza democrática.

Un llamamiento urgente a la conciencia colectiva

Desde aquí, lanzo un llamamiento claro y directo:

A la sociedad civil, para que no normalice lo inaceptable y rechace el acoso penal contra quienes quieren proteger la vida

A los jueces y fiscales, para que recuerden que la justicia no es solo legalidad, sino también ética y que sean absueltos de los cargos que se les imputa a Jorge y sus dos compañeros.

Y a los políticos —de izquierdas y de derechas— que aún crean en la democracia, para que entiendan algo esencial:

No se puede juzgar penalmente a quienes piden un mundo más justo para todos. El derecho a un medio ambiente sano debe ser reconocido, protegido y garantizado, no reprimido. Defender la Tierra no es un delito: es una obligación moral. Si hoy se persigue a quienes luchan por el clima, mañana no quedará nadie que pueda defender nada. El derecho a un medio ambiente protegido está en la constitución española y sin embargo está siendo violada.

Porque callar ahora es ser cómplice

La criminalización de la protesta pacífica  y el enjuiciamiento de activistas como Jorge Riechmann son una herida abierta en el corazón de la democracia.

Y mientras se mantenga esta injusticia, mientras se silencien las voces que piden vida, futuro y dignidad, la vergüenza no será de los activistas, sino de un sistema político que ha decidido mirar hacia otro lado.

Esto tiene que cambiar. Y tiene que hacerlo ya.